miércoles, 11 de marzo de 2026

DE GEN ERRADO

Gattaca, es el nombre de la película con la que en 1997 Andrew Niccol, dirige a unos jóvenes Uma Thurman, Ethan Hawk y Jude Law, abordando el tema de la selección social, cultural y humana, basada en la eugenesia, la producción de Dany de Vito, se ha convertido en un filme de culto, al presentar a una sociedad futurista, que prioriza su desarrollo, eligiendo sus liderazgos con base en los rasgos genéticos. El filme narra la historia de Vincent Freeman, (Ethan Hawk); quién fue concebido fuera del programa de eugenesia, y que lucha por superar la discriminación genética, para lograr un papel de trascendencia en su propia vida y un lugar entre los miembros destacados de su sociedad. En su momento, esta película, candidata al Oscar en la categoría de mejor dirección artística, fue considerada una “distopia transhumanista”, es decir una realidad indeseable a sí misma; cotidianidad que vivimos el día de hoy, 29 años después, irónicamente, integra en alguna medida este concepto; me explico.

 

Lamentablemente, la discriminación es un factor que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, conceptos como nobleza, burguesía, plutocracia, incluso, el no reconocimiento de los derechos sociales de la mujer, hasta pasado el primer tercio del siglo pasado, tienen como sustento común, el asumir que una condición biológica o racial determina alguna capacidad superior o distinta en un grupo de individuos, argumento que a lo largo de la historia, siempre ha generado situaciones negativas, y sustantivamente, injustas. Siendo que este es un concepto contundente y mayormente aceptado, ¿Qué pasa entonces con la ideología de género?, refiriéndonos a esta indistintamente, en sus preceptos, sociales, políticos o legales. ¿Por qué no es evidente para todos, que hacer una distinción por factores biológicos, necesariamente genera polarización e injusticia?

 

La ideología de género tiene diversas aristas, en mi percepción personal, todas negativas, pues se basa en la prerrogativa de que, la realidad se modifica de acuerdo con la capacidad individual de comprenderla, lo que hace que cualquier planteamiento carezca de sentido, al poder ser falso y verdadero al mismo tiempo, de acuerdo con quien lo plantea. Aunque de entrada, este pudiera parecer un tema epistemológico, ha logrado ya permear el discurso global y llegado finalmente a las políticas públicas, lo que representa un grave riesgo para la sociedad en su conjunto, en primera instancia, para los varones, pero no exclusivamente para ellos.

 

Abordo este tema, Lector querido, al analizar algunas situaciones puntuales, que me hacen evidenciar cómo el sistema político, se ha valido de lo que debió significar una garantía de protección para la mujer, convirtiéndola en un recurso para la vendeta partidista, la irresponsabilidad de los servidores públicos, la corrupción y en muchos casos, la franca extorsión, doy sustento:

 

·      La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, del partido MORENA, es señalada por el presunto desvío de 898 millones de pesos, del presupuesto federal 2023, situación que es publicada en diversos medios de comunicación, entre ellos, Acapulco Trends y el periodista Jesús Castañeda, la alcaldesa considera que los señalamientos son misóginos, por lo que denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, quién impone una sanción al medio referido, obligándolo a pedir disculpas 15 días seguidos y publicar su sentencia, independientemente de ello, la Auditoria Superior del Estado, presenta denuncia penal contra la alcaldesa, por ejercicio ilícito del servicio público, Abelina se ampara; posteriormente en noviembre de 2025, el Tribunal Electoral, declara inexistente la infracción de violencia de género, sugiriendo que los señalamientos se debían al ejercicio del cargo, no a su género, a más de eso, no hubo consecuencia alguna para la edil, por un señalamiento jurídico, a todas luces, falso e improcedente.

 

·      La entonces diputada, Montserrat Arcos Velázquez, quién a la par, era Líder Nacional de las Mujeres de PRI, acusa a Alejandro Moreno, Presidente de su mismo grupo político, por violencia política en razón de género, y explica que al negarse a ser parte de un esquema de corrupción, tocante al desvío de 16 millones de pesos, sufrió situaciones humillantes, exclusión de eventos y finalmente la destitución de su cargo sin previo aviso, situaciones todas, que pudiendo ser ciertas o no, no tienen vínculo alguno con su condición de mujer, sino con el ejercicio de su labor

 

·      En 2024, en un caso que podría entenderse un tanto más polémico, la entonces Senadora Panista y hoy Presidente de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, acusó en tribuna al periodista Epigmenio Ibarra, por hacer alusión a la entonces abanderada presidencial blanquiazul, Xóchitl Gálvez, y referirse, haciendo la aclaración, no a la mujer, si no a su candidatura, como un esperpento, aludiendo a la obra Luces de Bohemia de Rafael Valle-Inclán, en la que el esperpento, es un ser que distorsiona la realidad, este señalamiento, que no podría calificarse, cuando menos de desafortunado, valió la consigna en medios para el periodista, que sumado a otros factores, derivó en su salida del noticiero de Ciro Gómez Leiva

 

·      En este orden de ideas, la propia Xóchitl Gálvez, en la citada candidatura, denunció ante la Fiscalía Especial del Tribunal Federal Electoral, al Presidente Andrés Manuel López Obrador,  y a su vocero presidencial, quienes señalaron que su candidatura, se debía a la decisión de un grupo de políticos y empresarios contrarios a su régimen, el tribunal le dio la razón, al determinar que el mandatario, efectivamente había incurrido en violencia política de género, po haber señalado que su candidatura se debía a factores distintos al mérito propio; como es de todos sabido, Xóchitl perdió la contienda, y la imagen que recorrió los medios, mostró a la candidata desolada, entre Alejandro Moreno y Marko Cortés, de quién se refirió, la reprendió severamente en forma altisonante,   y entre los cuáles hubo un rompimiento posterior; mi pregunta es, ¿bajo que criterio se basa el considerar violencia, señalar hechos verdaderos?

 

·      Continuando con este Instituto Político, Lilly Téllez, política que, de forma reiterada ha sido parte de la vida pública nacional de los últimos años, que inició su carrera en MORENA en 2018, para después sumarse a las filas del PAN en 2020, denunció justo en ese año, también por violencia de género; al creador de contenido, Sergio Zaragoza Sicre, quién a través de su página de Facebook, llamada “El Chou de Monchi”, difundió el video “Entrevista del Monchi a Lilly Téllez”, donde la política, argumentó que se le había estereotipado, por lo que el Tribunal impuso una multa de 100 UMAS al atrevido creador de contenido

 

·      En otro caso de esta naturaleza, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó a la sonorense Karla Estrella Murrieta, a disculparse 30 días consecutivos con la diputada Diana Barreras Samaniego del Partido del Trabajo, por haber señalado en la Red Social X, antes Twitter, que su candidatura se debía a la influencia de su marido, el diputado de MORENA, Sergio Gutiérrez Luna, tal señalamiento le valió además de la disculpa referida, una multa de 10 UMAS, su inscripción en el padrón nacional de personas sancionadas por violencia de género y tomar un curso llamado el ABC de la Discriminación

 

·      Un par de casos más, son los de los diputados, Martín Vivanco Lira y Eduardo Gaona, ambos de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, a quienes sus ex esposas les exigieron en el primer caso, una cantidad indeterminada de dinero y en el del segundo, $15,000,000.00 a cambio de no denunciarlos por violencia de género, Gaona, en ese momento cordinador de su partido, presentó incluso audios, en los que la mujer abiertamente le decía que de no entregarle el dinero, lo denunciaría, aunque fuera mentira

 

Estos casos son solo algunos, de los muchos que se presentan, en forma cada vez más reiterada en la realidad no sólo de México, sino de muchos países del mundo, personalmente, atestigüé una situación de esta naturaleza en una campaña municipal, en la que participé en 2024, en el Estado de México, dónde una persona del equipo de trabajo, se ofreció para chocar intencionalmente con el candidato rival en un recorrido con prensa, pretendiendo posteriormente escandalizar, diciendo que la había tocado de forma inadecuada… el mero ofrecimiento valió su salida como colaboradora, sin embargo, en ese momento; me hizo reflexionar sobre lo arriesgado de no contar con un marco legislativo claro y con los mecanismos pertinentes para que las leyes, no se conviertan en medios punitivos, de chantaje o descalificación

 

El servicio público es un privilegio, porque de manera clara, faculta que el funcionario obtenga mayores potestades y alcances que el ciudadano común, eso tendría que obligarlo a que su desempeño personal, esté por encima de la norma; decía mi Abuela Lector querido, “no se pueden tener gustos de adulto y obligaciones de niño”, yo lo equipararía a “no se pueden tener alcances de funcionario y derechos de ciudadano”, el sustento para esta afirmación, puede ser,  por ejemplo; los requisitos para algunos cargos públicos; me explico, si quieres aspirar al Senado, debes contar con 25 años cumplidos (que personalmente se me hacen insuficientes basado en la propia etimología del cargo, pero en fin…), si te interesa la presidencia de la República, 35 años, una gobernatura 30; es decir, la función te obliga a cumplir con algunos requisitos específicos, que son superiores a los necesarios para cualquier otra encomienda, por la responsabilidad que adquieres (o deberías adquirir) al acceder al cargo. En mi opinión, partiendo de que los sueldos y prestaciones, de los funcionarios de gobierno, se cubren con el erario público, su obligación de rendir de cuentas, actuar asertivamente y trabajar con eficacia, tienen que situarse por encima de sus derechos ciudadanos, toda vez que su labor, tiene un impacto en el estado de bienestar de la población general, sus acciones repercuten en el acontecer cotidiano de las personas, las afectan, lo tendría que obligarlos a ser eficientes, eficaces e incluso probos; este es uno de los preceptos sustentan la necesidad de profesionalizar a los servidores públicos; que los cargos recaigan en personas capaces y que estas, se hagan responsables de su desempeño en el gobierno. En este orden de ideas, el poder no puede ofenderse, mucho menos cuando se señala su ineficacia, sus acciones o su corrupción, y los mecanismos que tiene el ciudadano para validar sus derechos, no pueden ser de idéntico alcance que los de los servidores públicos.

 

Comentando este tema con mi Hijo de 18 años, él opina que “Las deficiencias de alguien con poder, deben tener sanciones más fuertes que las de una persona común, porque tienes a tu responsabilidad el bienestar social”, considero esta, una idea acertada, e incluso añadiría que financiar tu vida con dinero público, te obliga a soportar el escrutinio ciudadano, reitero; “el poder no puede ofenderse, al menos no sin ser represivo”, de los ejemplos que cité previamente, las disculpas exigidas en el caso de  la ciudadana Karla Murrieta, me parecen excesivas, lamentables y absolutamente dañinos para el desarrollo democrático, considero que son una acción clara de represión y censura, y que esta se escuda, de forma simplona, en que la funcionaria es mujer, y que por ello debe priorizarse su condición, por encima de su obligación. Es sumamente importante, clarificar los conceptos de injuria, difamación, violencia de género y libertad de expresión, si una opinión ciudadana, e incluso una periodística, se contesta con una denuncia, una sanción y una condena, asesinamos la libertad de expresión, y le damos al poder las herramientas para reprimir, callar y gobernar la narrativa pública

 

Inicié este artículo, refiriéndome a la ideología de género, y como sus variables, están afectando el desarrollo social por completo, hasta este momento, me he enfocado mayormente en su impacto político, pero su afectación en lo jurídico, lacera también de forma determinante el tejido social, en los casos enumerados previamente, se puede evidenciar la intención de darle validez de violencia de género a situaciones que, de facto, obedecen a factores que tienen que ver con el interés político, mediático o económico, no en forma específica con la condición de mujer de las involucradas y en su caso, incluso, con una franca intención de extorsionar, escudándose en el diseño incorrecto de una ley. En conjunto, estas circunstancias, evidencian cómo este tema, se ha convertido en una bandera política, de forma puntual, en contra de la población masculina, desconociendo varios de sus derechos y ubicándolo en una situación de vulnerabilidad, ya que, sin importar la realidad, socialmente la violencia de género, se condena desde la denuncia, no desde la sentencia, y el estigma que deviene de ella, se mantiene en forma permanente en la vida de quién es señalado, en gran medida porque antes de desarrollar ningún proceso, toda esta situación se delibera en el juzgado mediático

 

Los derechos de hombres y mujeres, deben ser los mismos, partiendo de las propias características y generalidades de la ley, que se definen como “normas fundamentales y universales, que guían la creación interpretación y aplicación del derecho, asegurando la justicia y coherencia del sistema legal”, la universalidad de la ley, implica que esta no puede ser facciosa, ni puede particularizarse, hacer leyes para hombres y mujeres, no es distinto a hacer leyes para personas de tez clara u obscura, para personas de un origen étnico u otro, de una región u otra, el espíritu de la ley reside en que esta, pueda modificarse, buscando siempre que sea más justa, que cree mayores condiciones de igualdad y de oportunidad, no para generar distinciones

 

Partiendo de estas consideraciones me parece importante señalar, que la ley, por razón objetiva, no puede tener contemplaciones, teológicas, culturales, raciales ni de género, pues estas necesariamente la acotan y la hacen más injusta, las primeras han existido a lo largo de la historia, y han demostrado ser dañinas e inadecuadas, la más reciente, está en el tintero; la celeridad y el costo social que nos impacte, antes de reconocer su inviabilidad, depende de nosotros. De entrada, hay algunos factores que en forma objetiva pueden señalarse, y deben modificarse, si se agravaron las penas por violencia de género, de igual forma deben agravarse por falsa declaración, y deben establecerse como agravantes, las consecuencias que la falsa denuncia pueda implicar en la vida de quién haya sido acusado dolosamente; otro factor lamentable es la prisión preventiva oficiosa, que sin más, es un concepto totalmente absurdo en este y en cualquier tema, ya que replica el modelo del llamado “santo oficio” o “santa inquisición”, donde el simple señalamiento, bastaba para que al imputado, se le privara de la libertad, y se le hiciera sujeto de un proceso, donde estaba obligado a probar su inocencia, la situación en este tema, es la misma, contemplando incluso, que aún si un varón es exculpado de una acusación de violencia de género, las opciones que tiene para contra demandar a quién lo acusó falsamente, son muy limitadas y le corresponde a él, demostrar que en la acusación en su contra, hubo dolo, no bastando el propio juicio, para evidenciarlo como sustento

 

Investigando sobre este tema, pude constatar que lamentablemente en México, no se ha abordado de manera estructurada esta situación que lacera a la sociedad y principalmente desarticula a las familias, en España, Perú, Uruguay, hace años que es parte de la agenda pública, con iniciativas formales y debate real en sus órganos legislativos, nombres como Yobana Carril, la Anavid o la Asociación Europea de Abogados de Familia, de España, las asociaciones Tenencia Compartida, La Infancia Primero o el legislador Alejandro Muñante en Perú, Adriana Batista, Stop Abuso o Todo por Nuestros Hijos en Uruguay, han presentado una batalla frontal en este tema que, más allá del discurso, no es de género, sino de familia, basta con dejar de lado las banderas y los estigmas, y revisar la información pública, para evidenciar que esta diatriba, no empodera ni beneficia particularmente a la mujer, pero si afecta sensiblemente al varón y reitero, principalmente a la familia.

 

He intentado abordar este análisis con una postura ecuánime, analizando su impacto social y evidenciando situaciones dadas, mostrando ejemplos concretos y públicos, dejando de lado términos como machismo, feminismo, patriarcado, etc.., que considero que polarizan, más de lo que pueden abonar a la reflexión de este problema, que se ha vuelto determinante en nuestra realidad cotidiana. Sobre la ideología de género, es mucho lo que puede y debe escribirse, así que seguramente la seguiremos abordando en entregas posteriores, pero lo más importante es, ¿Tú qué opinas Lector querido?

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